OPINIÓN |  Por Redacción La Ronda

El último de ellos ocurrió este martes por la mañana cuando una serie de mensajes de WhatsApp dieron a conocer que Raúl D’Olivo, el dueño del supermercado Uno, fue golpeado en su oficina por uno de sus acreedores y debió recibir atención médica.La información fue confirmada luego por el Jefe de la Departamental Colón, Crio. Rubén Turri y también trascendió que D’Olivo no llevaría adelante acciones legales contra su agresor.

Sería difícil negar que los temas vinculados a la “inseguridad” tienen un lugar privilegiado en muchos portales de noticias. Tampoco escapa al sentido común que un hecho de violencia se vuelve “más noticiable” si hay entre los involucrados alguna persona conocida públicamente. Cuando estos factores se combinan los medios corremos para ver quién cuenta la historia primero. Entonces,  ¿Cómo explicamos que esta vez haya sido diferente y que haya tan poco para leer al respecto?

En primer lugar hay que decir que no es fácil hablar de gente que tiene cierto poder cuando lo que hay para decir la compromete. También se debe reconocer que una práctica habitual del periodismo es exponer a las clases sociales más vulneradas a través de noticias que refuerzan prejuicios, generalmente vinculados a la delincuencia. Dicho en otras palabras, no se trata de que los medios no podamos dar nombres propios sino de que algunos nombres pesan más que otros.

Pero estas cosas no le pasan sólo a la prensa sino que también se visualizan en la sociedad. Por eso, frente a situaciones como la presente se vuelve necesario que indaguemos porqué nos indignan tanto los asaltos en la vía pública y tan poco nos movilizan aquellas acciones que se llevan a cabo en oficinas y dejan en la calle a decenas de familias. A lo mejor estamos acostumbradas/os a medir el respeto en términos de éxito económico y nos resulta complejo romper esa regla de oro. Sin embargo es necesario.

La historia del martes a la mañana trae una vez más la no ingenua sospecha de que el verdadero motivo del cierre de Super Uno estuvo lejos de lo que ocurría en sus góndolas. Peor aún, genera un sentimiento contradictorio frente a una comunidad preocupada por saber cómo la Cooperativa administró sus fondos y, al mismo tiempo, algo desentendida de que en Colonia Caroya haya 63 vecinas/os que desde octubre están en la calle sin cobrar lo que les deben y nadie (ni el Ministerio de Trabajo de Córdoba, ni el sindicato, ni la familia D’Olivo) les da respuesta.