Este jueves, Familias Autoconvocadas del IPEM 387 de Agua de Oro, presentaron una carta abierta donde plasmaron su postura acerca de las denuncias de acoso y el actuar institucional al respecto. 

“Nos hemos reunido a partir de la movilización que surgió del Centro de Estudiantes (C.E.) como consecuencia de no encontrar respuesta en las instancias de diálogo, poner en duda sus palabras y coartar la libertad de expresión de los jóvenes, lo cual fue llegando a nuestros hogares en boca de nuestras hijas y nuestros hijos”, señalan desde el grupo.

En primer lugar, realizan una cronología de los sucesos a partir del 6 de octubre cuando “una estudiante se acercó a la Directora para relatarle un hecho de violencia y acoso del que había sido objeto por parte de un agente del establecimiento a su cargo”. 

A partir de allí se dan diferentes situaciones entre ellas la pegatina de carteles a modo de  “protesta ante las respuestas dilatorias y culpabilizadoras de la Directora. En esos carteles, las y los adolescentes denunciaban las situaciones de acoso y otras violencias por parte de algunos agentes de la escuela”. 

“El martes 12, y durante toda esa semana hasta el viernes 15 inclusive, una de las personas señaladas fue asignada a tomar temperatura y sanitizar las manos al ingreso”, continúan y explican que a partir de este hecho se planificó la sentada que realizó el estudiantado.

Tras lograr conseguir una reunión con el Prof. Pomponio, autoridad del Ministerio de Educación relatan: “Pomponio propuso una reunión de la cual nosotros participamos. En la misma, pese a nuestra insistencia de que no fuera así, se volvió a exponer a las y los menores pidiendo que den testimonio una y otra vez delante de quienes estábamos allí presentes, sin un equipo especializado que acompañe”

“Como producto de esa reunión, las autoridades se comprometieron a: Convocar el Equipo ESI del Ministerio Iniciar el cronograma de capacitación en Ley Micaela. Apartar a los cinco señalados en los testimonios allí vertidos hasta tanto se consustancie la investigación. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 225 del Min. de Educación. Finalmente, solicitamos que en caso de resultar contraria la investigación, se nos avisara a familias y estudiantes con al menos una semana de anticipación, lo que fue acordado por las autoridades allí presentes”, expresan. 

Por último cierran “Para dejar en claro nuestra postura, realizamos esta carta, y dejamos dicho a toda la comunidad, que no permitiremos represalias contra quienes brindaron sus testimonios, que advertimos a las familias de otras escuelas que 4 de las 5 personas que fueron apartadas de sus funciones en nuestra institución educativa, y a pesar de estar denunciadas y en proceso de investigación, continúan cumpliendo su labor frente a alumnas y alumnos de otros establecimientos”

La carta completa

Agua de Oro, 21 de octubre de 2021 CARTA ABIERTA DEL GRUPO  AUTOCONVOCADO DE FAMILIAS DEL IPEM 387(exISAO) 

A propósito de la situación actual, queremos sumar nuestra voz públicamente a aquellas que ya están circulando. 

Somos parte de esta Comunidad Educativa, comprendemos la importancia de respaldar a las y los estudiantes en estos momentos. Nos hemos reunido a partir de la movilización que surgió del Centro de Estudiantes (C.E.) como consecuencia de no encontrar respuesta en las instancias de diálogo, poner en duda sus palabras y coartar la libertad de expresión de los jóvenes, lo cual fue llegando a nuestros hogares en boca de nuestras hijas y nuestros hijos. 

Los hechos: 

Miércoles 6 una estudiante se acercó a la Directora para relatarle un hecho de violencia y acoso del que había sido objeto por parte de un agente del establecimiento a su cargo.

El jueves 7 del corriente, el C.E. pegó carteles como protesta ante las respuestas dilatorias y culpabilizadoras de la Directora. En esos carteles, las y los adolescentes denunciaban las situaciones de acoso y otras violencias por parte de algunos agentes de la escuela. 

La reacción fue acusarles comparando ese hecho con una “caza de brujas”. Cabe destacar que paralelamente hubo un pequeño grupo de docentes que, habiendo tomado conocimiento de estas situaciones de acoso atribuíbles a colegas de la institución, inmediatamente procedieron de acuerdo a lo que les compete según la leyes vigentes, dando así la contención que nuestras hijas e hijos precisaban y que agradecemos. 

El lunes 11, algunas familias decidimos conformar este grupo que ha ido creciendo hasta lo que somos hoy, y sigue abierto a quienes, siendo madres, padres y/o tutores, lo deseen. 

El martes 12, y durante toda esa semana hasta el viernes 15 inclusive, una de las personas señaladas fue asignada a tomar temperatura y sanitizar las manos al ingreso. Por eso, sabemos que no se cumplió lo dispuesto por la Res. Min n°225 que adjuntamos para evitar lecturas subjetivas. 

Los carteles fueron retirados el viernes 15 por la Directora, con el discurso de que “ustedes ya han sido escuchados, y ya no hacen falta carteles”. Ante el atropello que implicó la violación de su derecho a la libre expresión, respondieron en lo inmediato volviendo a hacer carteles y pegándolos nuevamente. Además, planificaron la sentada para el día de clases siguiente. 

Por nuestra parte, nos juntamos nuevamente, y elaboramos una nota para solicitar explicaciones e información oficial sobre los gravísimos hechos a los que se estaba haciendo mención. 

El lunes 18 al mediodía, presentamos con copia a Inspección nuestra nota solicitando urgente respuesta. (Los plazos de respuesta están vencidos) Desde las 10.30, fuimos testigos de una nueva lección impartida por las y los estudiantes: se plantaron en no entrar a las aulas hasta obtener respuestas concretas. Así, las y los estudiantes lograron que acudiera el Prof. Pomponio, autoridad del Ministerio de Educación, quien entró al establecimiento acompañado de un policía armado, que ante nuestra solicitud se retiró y de la Sra. Inspectora Zonal.

Pomponio propuso una reunión de la cual nosotros participamos. En la misma, pese a nuestra insistencia de que no fuera así, se volvió a exponer a las y los menores pidiendo que den testimonio una y otra vez delante de quienes estábamos allí presentes, sin un equipo especializado que acompañe.

Fueron más de tres horas de escuchar relatos de vulneración de derechos. Allí solicitamos el cumplimiento de las leyes vigentes y la formación de los equipos en estos temas para poder garantizar el acceso de las y los jóvenes como sujetos de derechos. 

Asimismo, exigimos que se conforme un equipo o al menos el cargo de Coordinación sea llevado a cabo por personal capacitado formalmente para trabajar con adolescentes, con formación integral.

Es importante recalcar que hablamos de situaciones de acoso relatadas por los estudiantes, desde hace muchos años, generación tras generación, naturalizadas, normalizadas y negadas por la institución. A tal punto, que las jóvenes habían creado redes de cuidados entre ellas, incluso hubo mamás que la refirieron.

Como producto de esa reunión, las autoridades se comprometieron a: Convocar el Equipo ESI del Ministerio Iniciar el cronograma de capacitación en Ley Micaela. Apartar a los cinco señalados en los testimonios allí vertidos hasta tanto se consustancie la investigación. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 225 del Min. de Educación.

Finalmente, solicitamos que en caso de resultar contraria la investigación, se nos avisara a familias y estudiantes con al menos una semana de anticipación, lo que fue acordado por las autoridades allí presentes. 

Nuestro objetivo

Para dejar en claro nuestra postura, realizamos esta carta, y dejamos dicho a toda la comunidad, que no permitiremos represalias contra quienes brindaron sus testimonios, que advertimos a las familias de otras escuelas que 4 de las 5 personas que fueron apartadas de sus funciones en nuestra institución educativa, y a pesar de estar denunciadas y en proceso de investigación, continúan cumpliendo su labor frente a alumnas y alumnos de otros establecimientos. 

Por todo lo expresado, seguiremos firmes hasta las últimas consecuencias, porque no toleraremos más vulneración de derechos