Durante la madrugada del 25 de octubre de 2020, en Paso Viejo un pueblo de mil habitantes en el departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, cinco policías dispararon 112 balazos contra un grupo de jóvenes reunidos a una cuadra de la plaza principal. Joaquín Paredes, de tan sólo 15 años, fue asesinado por la espalda mientras huía de esa balacera. Otros dos amigos quedaron heridos.

Conversamos con Ivana Reynoso, tía de Joaquín Paredes, sobre lo ocurrido en la primera audiencia, las carátulas y las responsabilidades políticas, el acompañamiento de familiares de víctimas de gatillo fácil y violencia institucional, entre otros temas. 

La primera audiencia 

“Ayer hubo muchos momentos tensos, no esperabamos cruzarnos con los imputados de una manera tan impune” señaló Ivana y explicó que no se tuvieron recaudos en cuanto a la protección de las víctimas. “Tenemos un montón de chicos que son víctimas también, son sobrevivientes a la balacera del 25 de octubre del 2020, estábamos frente a tribunales, no habíamos podido entrar todavía y llegaron ellos de una manera muy común, sonriendo y acomodándose sus trajes”. 

Durante la primera audiencia “tuvimos que escuchar un sin fín de mentiras, tantas mentiras que se empezaron a ver las contradicciones”. Para la comunidad “Justicia por Joaquín”, “fue muy difícil escuchar sus testimonios pero estuvimos como pudimos”. 

“Escuchamos atrocidades de los abogados defensores, dijeron que iban a demostrar que a estos pibes que pintaban como angelitos no eran así, no usaron la palabra delincuente, pero los describieron despectivamente”. 

Ivana describió algunos momentos de la audiencia, “dijeron que ellos salieron a hacer su trabajo, fue terrible, mataron pibes, dispararon 112 balas, no es hacer su trabajo”; “les preguntaron ¿cuál era el deber principal de la fuerza? y ellos dijeron cuidar los bienes, cuidar los móviles”. Asegura que “en ningún momento se refirieron a Joaquin o a los pibes como personas” y explica “venimos de tres años escuchando atrocidades, pero lo que vivimos ayer es inimaginable, la monstruosidad con la que hablaron tanto los abogados defensores como los imputados, solo la vi en películas”.

El juicio 

La causa es “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en abuso de la función pública, abuso de arma, amenaza calificada”. Los policías imputados son Mikael Mercedes López, Iván Alexis Luna, Enzo Alvarado, José Luis Gómez, Ronald Fernández Aliendro, y el subcomisario Alberto Sosa Gallardo.

El tribunal está compuesto por Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides y Javier Rojo, la Fiscal de la instrucción de la Causa es Fabiana Pochetino. Los abogados defensores son Pedro Despouy Santoro y Ricardo Videla; y los abogados querellantes, Claudio Orosz y Ramiro Fresneda.

El juicio, en esta instancia contará con 10 días de audiencias ya fijadas, se extenderán 5 días esta semana y 5 días de la próxima, hasta el 4 de agosto. Se prevé que declaren más de 70 personas, si bien la cámara del crimen ha intentado que la querella reduzca la cantidad de testimonios, Ivana manifiesta, “nosotros sabemos que todos los testimonios son necesarios”.

Hasta el momento hay un solo policía preso: López. Al respecto la tía de Joaquín responsabiliza a la Cámara del Crimen de Villa Dolores “fueron los encargados de disminuir las penas a “abuso de autoridad”, sinceramente yo pienso que en estos tres años de lucha lo que nos ha venido haciendo el poder judicial es avalar a estos tipos. (...) Nosotros queremos que las carátulas se eleven, manifestamos desde un principio que matar no es abuso de autoridad, esto es conjunto, esto también es una acción colectiva, lamentablemente macabra”.

Recalca que “no podría haber sucedido todo lo que sucedió sin el consentimiento de todos los involucrados” y afirma que los policías “son tan impunes que ayer uno dijo que no había escuchado ninguna bala estando en el lugar”.  

La violencia institucional: moneda corriente en la provincia 

En el primer día de audiencias las víctimas, familia y amigos fueron acompañados por personas referentes en la lucha contra la violencia institucional, familiares de víctimas de gatillo fácil y organismos de Derechos Humanos. Entre estas personas se encuentra Soledad Laciar, madre de Blas Correas, a quien, el abogado de la defensa había pedido que se le prohibiera la entrada. Ivana comenta que “estar en el interior del interior implica que no lleguemos a los medios hegemónicos” y por eso es muy importante que quienes tiene un lugar de visibilidad pública, como es el caso de Soledad, los acompañe.  

Además asegura que “necesitan que se confirme la violencia institucional para  poder ir más allá”, para juzgar también las responsabilidades políticas de los niveles superiores. En ese sentido Ivana expresó: “Venimos hablando de las responsabilidades políticas de quienes firmaron los avales de estas personas para ingresar a la fuerza, nosotros sabemos que en nuestra zona ingresar a la fuerza es una salida laboral y muchas veces se hace por cuña como se dice, siempre nombramos a legislador Ruiz, ellos firman, están acostumbrados a firmar a ciegas para perpetuarse los votos de las familias, eso es algo muy común en nuestra zona”. 

En cuanto al accionar de la fiscalía, Reynoso expresó que le sorprendió “la firmeza con la que se presentó la fiscal Fabiana Pochetino, ella dijo que iba a demostrar que hubo intención de matar”.