“A partir de la estacionalidad, previsibilidad e intencionalidad de los incendios de montes y pastizales, así como la magnitud en la que han estado sucediendo en la Provincia de Córdoba en los últimos meses, afectando cerca de 70 mil hectáreas, provocando pérdidas de vidas humanas, graves daños sobre la biodiversidad, el suelo, la regulación hídrica y otros servicios ecosistémicos, al igual que incalculables daños materiales”, comienza la carta. 

Por su parte, Guillermo Galliano, uno de los firmantes y presidente de la fundación Mil Aves, señaló que el detonante fue una viralización en redes sociales en la cual se resaltaba que en España la ley indica que no se puede utilizar el suelo quemado durante 50 años. “En Córdoba en particular y en Argentina en general, está totalmente estipulado eso. El problema acá es que los políticos hacen negocios con ella y los ciudadanos que no la hacemos cumplir, las leyes están y tenemos que ejercer las presiones necesarias para que los políticos la cumplan”, añadió Guillermo sobre el disparador de la carta. 

Uno de los últimos contrapuntos que se dieron durante el combate de los nuevos focos de incendios, fue el petitorio de las autoridades provinciales para que lugareños no intercedan en el trabajo. “La ciudadanía no está porque son bomberos de alma, está por que se le quema la casa, el campo, su modo de subsistencia, los apicultores se van a quedar sin el monte, los ganaderos se van a quedar sin su pasto”, explicó a este respecto. 

La carta tiene como objetivo brindarle al gobierno provincial recomendaciones “para que tomen una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas”.

“Cabe aclarar que estas recomendaciones son producto tanto de experiencias internacionales, estudios científicos y técnicos locales, así como por la exitosa práctica de organizaciones no gubernamentales, campesinos y pueblos originarios, las cuales poseen además un amplio consenso social”, sentencia la misiva. 

Galliano cuenta que estuvieron mucho tiempo trabajando en la carta y que las recomendaciones son muy importantes. Entre lo solicitado se hace hincapié en prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas, realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de bosques nativos, legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios,  suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental, ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión y suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. 

“Mucha gente está hablando de reforestar y sinceramente no es lo que hay que hacer (...) el suelo tiene que recuperarse, es una herida abierta y tiene que cicatrizar. No hay que salir a poner árboles, no hay que soltar ganado, esa herida abierta está delicada y muy expuesta a los agentes erosivos como agua, lluvia, vientos”, explicó Galliano. 

Sobre la responsabilidad de las autoridades, explicó que aprovechan el confinamiento por que la ciudadanía no se puede expresar en las calles para alzar la voz por el ecocidio: “Ni bien haya un espacio la gente está desesperada por salir a manifestarse por que siente impotencia y vergüenza de ser cordobeses” 

"Si no cuidamos nuestro medio ambiente y ecosistema estamos en problema como sociedad, sea el político que sea", sentenció. 

CARTA COMPLETA 

“A partir de la estacionalidad, previsibilidad e intencionalidad de los incendios de montes y pastizales, así como la magnitud en la que han estado sucediendo en la Provincia de Córdoba en los últimos meses, afectando cerca de 70 mil hectáreas, provocando pérdidas de vidas humanas, graves daños sobre la biodiversidad, el suelo, la regulación hídrica y otros servicios ecosistémicos, al igual que incalculables daños materiales” ; los abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales, académicas y culturales, hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno Provincial para que tomen una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas.

Cabe aclarar que estas recomendaciones son producto tanto de experiencias internacionales, estudios científicos y técnicos locales, así como por la exitosa práctica de organizaciones no gubernamentales, campesinos y pueblos originarios, las cuales poseen además un amplio consenso social. Ellas son:

- Prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas. A posteriori, seguir las recomendaciones elaboradas por reconocidas organizaciones académicas y ambientales: 

https://drive.google.com/file/d/1vh2tTkYvyP_2FAL6x_ErXN-P2XjnQILM/view 

- Realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en el art 10, inc. a, ap.VI, de la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego Nro. 26.815; a los fines de incrementar su eficiencia en aspectos de prevención, vigía y supresión temprana de incendios. En tal sentido se debería invertir en planes de educación ambiental a nivel formal en todos los niveles educativos, e informal a diversos sectores de la población. También es necesario trabajar con los productores rurales para que desistan de utilizar el fuego como método para el rebrote de pasturas. Asimismo, se debe asegurar el funcionamiento de puestos de vigías dependientes de todos los cuarteles de bomberos voluntarios ubicados en la zona de riesgo de incendios, y por el otro, incorporar herramientas de elaboración de zonas críticas y detección temprana de focos de incendios con la ayuda de instituciones académicas y técnicas, ya que ello permitirá el ataque temprano que reduce en un 80% el riesgo que los incendios abarquen grandes superficies. También tendría que aumentarse el presupuesto para equipamiento, capacitación y funcionamiento del Plan a todos sus niveles, así como incorporar a los Brigadistas de incendios forestales en el Plan. Otro aspecto es reglamentar debidamente las Reservas Naturales actuales y en trámite, implementando su manejo efectivo y dotar a los Guardambientes y/o Guardaparques con los recursos necesarios para desarrollar su tarea, incluyendo el corredor biogeográfico del Chaco Árido.

- Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos, a los fines de establecer espacialmente las áreas protegidas fueron afectadas por los incendios, y se realice un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo. A su vez, los Municipios y Comunas deberán incorporar en su normativa las zonas rojas y amarillas establecidas por la ley 9814 para no otorgar cambio de uso del suelo cuando sea requerida, como también establecer normativas específicas a nivel local para su protección.

- Legislar sobre el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, con un efectiva georeferenciación que establezca a escala 1:1 qué actividades son o no permitidas en todo el territorio provincial. Para ello el Gobierno puede valerse de los informes y estudios que han realizado las Universidades y el CONICET al respecto, sumado a un proceso participativo en terreno para definir los criterios de Ordenamiento Ambiental del Territorio con base ambiental, social y económica consensuada.

- Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos de ocasionar incendios. Los fiscales deben investigar las causas y el origen de los incendios, así como velar por el cumplimiento efectivo del Art. 22 de la Ley Federal de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo luego de un incendio.

- Suspender las audiencias públicas virtuales en materia ambiental, ya que no garantizan el debido derecho de la participación de todos los ciudadanos a dar su opinión. El contexto de la actual crisis sanitaria no puede ser utilizado como argumento para facilitar los desmontes en zonas protegidas por leyes nacionales y provinciales.

- Suspender las resoluciones que determinan avanzar sobre grandes extensiones de áreas con vegetación leñosa para hacer cortafuegos. Y revocar la Resolución Nº227 de la Secretaría de Ambiente por su carácter inconstitucional.

Reiteramos ante el estado de degradación ambiental que sufre la Provincia y los distintos ataques que estamos sufriendo en materia de incendios, que nuestra sociedad necesita un Alto al Fuego para las presentes y próximas generaciones, en un marco de igualdad, participación e inclusión que proteja nuestra casa común.

Para firmar la petición entrar AQUI