Luego de la manifestación en tribunales se concentrarán en la Plaza San Martín “para compartir una olla popular, espacio para las infancias, radio abierta y expresión musical como forma de seguir denunciando el avance de una autovía totalmente ilegal que arrasa con todas las formas de vida del Valle de Punilla”.

Conversamos con Marco Dangelo, docente, integrante de la Brigada Yuspe y de la Asamblea del Valle de Punilla, quien explica que la historia del desalojo “comienza en el 2017 cuando se presenta a la justicia un amparo ambiental para detener esta obra que  pasa por una zona de bosque nativo de máximo estado de conservación”. 

“Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Córdoba y la empresa “Caminos de las Sierras” que es la encargada de abrir ese corredor bioceánico, esta mega obra que busca favorecer solamente los intereses de las grandes corporaciones, frente a esa situación fuimos haciendo el seguimiento hasta que el 6 de mayo un grupo de vecinos detectan la presencia de máquinas desmontando en una zona protegida y a partir de allí se empezaron a sumar, vecinos y vecinas se concentraron en el lugar y en una asamblea se decide permanecer en el lugar y ahí nace el acampe de Molinari” recuerda Marco. 

Sobre los hechos del 10 de mayo comenta que “a las 3:40 de la madrugada, de una noche bastante fría, de pronto caen del medio de la oscuridad unos 60 efectivos policiales, suponemos  que eran efectivos policiales porque estaban vestidos sin insignias con equipos de asaltos, con equipo antidisturbios, encapuchados, sin exhibir sus rostros, alumbrando con linternas en los rostros, amenazando”. 

Explica Dangelo que lo que se vivió esa noche fue “terror psicológico, que es lo más difícil de explicar, jugaron en la oscuridad con esta amenaza de muerte, con esto de te llevo al monte y no sabes lo que te va a pasar”. El desalojo de Molinari “no tuvo orden judicial y a un año de haberse producido este hecho, todavía ni la justicia ni la policía lo reconocen este hecho, dicen que nunca sucedió eso es lo más grave”.

Desde las asambleas ambientales responsalibilizan al Juez Ramiro Nuñez, “juez de  control de Cosquín el que rechaza el Habeas Corpus, niega completamente los hechos del 10 de mayo, y al mismo tiempo ahora tiene la carpeta y en cualquier momento da la orden de elevar a juicio a seis defensores ambientales por una protesta frente a una confitería donde estaba el intendente donde se le reclamaba que paren de destruir el monte”. Y por otra parte a la Fiscal Paula Kelm que “es la que ordena por debajo de la mesa, porque ella jamás hasta el dia de hoy reconoce que hubo algún tipo de mensaje a éstos policías que actuaron allí, es decir se niega todo, se niega que hubo orden judicial lo cual es gravísimo hacer un desalojo sin orden judicial es un delito”. 

“Así de absurdo es el funcionamiento de la justicia, mientras que desde 2017 está cajoneado el amparo donde hay cientos de pruebas que demuestran que esta autovía es ilegal, que viola acuerdos internacionales como el acuerdo de escazú, que viola el art. 41 de la Constitución Nacional que es el derecho a un ambiente sano” recalca Marco y agrega que “utilizan el conocimiento en contra del ambiente”.