Jorge Navarro, abogado de las familias de Malabrigo, dialogó con La Ronda para dar detalles de un nuevo encuentro con el intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán. 

El principal motivo de la reunión fue poder avanzar en la mesa de diálogo, dispuesta en septiembre, y llegar a una resolución del pedido por el pedido de acceso a agua y luz. 

Navarro comentó que firmaron un acta en la cual el próximo martes se  convocará a participar al Concejo Deliberante de la ciudad a una nueva instancia de diálogo con el ejecutivo y las familias. 

Según comenta el abogado, Brandán les manifestó que también debe salir una resolución del cuerpo legislativo local, pese a que ellos consideran que no.   

Por la dilatación en la toma de decisión con respecto al pedido de servicios públicos elementales y básicos y por la falta de avances por medio de la “mesa de diálogo”, las familias volvieron a tomar medidas de fuerzas cortando la ruta nacional 9 el pasado martes. 

“Es una arbitrariedad muy grande del departamento ejecutivo por que lo que se está reclamando es básicamente la provisión de derechos esenciales como el agua potable y la energía eléctrica. Ninguna familia, menos con niños pequeños, discapacitados, gente con comorbilidades puede vivir bien”, señaló Navarro y recalcó el visto bueno de ERSEP y la Cooperativa de Servicios Públicos para brindar el servicio. 

Navarro dijo que las familias se proveen de agua mediante un camión brindado por la municipalidad pero que esa agua “llega sucia” o que en días de lluvia al tratarse de caminos de tierra “los camiones no quieren entrar”. 

“Es una situación desesperante que no se soporta un día más, por eso se estableció esta medida de lucha”, manifestó.  

Asimismo resaltó que “hay varias denuncias en carpeta” ya que entienden que el intendente incumple su deber de funcionario público por que existe una resolución del ERSEP por lo cual le “corresponden disposiciones judiciales”. 

Al mismo tiempo comentó que el intendente no provee el material judicial que recae sobre los terrenos. En este sentido, agregó que iniciaron los trámites en el registro de poseedores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. 

Por último insistió en hacer funcionar la mesa de diálogo dispuesta por el fiscal en el mes de septiembre para resolver el problema y no entrar en denuncias y situaciones judiciales.  

“Las familias no se van a ir de ese lugar porque no tienen dónde vivir. El acceso a la vivienda en esta provincia es proscriptivo, ninguna familia trabajadora puede acceder a un terreno o a una construcción de una vivienda. Son carísimos los costos”, sumó.