Desde el lunes, las 38 familias que piden por agua y luz en sus viviendas ubicadas en la calle 128 del barrio Malabrigo de Colonia Caroya, intensificaron sus medidas de fuerza cortando totalmente la ruta 9. 

Algunos puntos claves para entender el conflicto  

• 38 familias están habitando propiedades diferentes, que colindan entre sí, que pertenecen a diferentes dueños registrales.
  
  
• El conflicto legal corresponde con la sociedad Roggio, quien demandó a las familias asentadas en su propiedad en un juicio civil para que se retiraran.  
  
  
• Todas las familias, tanto las que fueron demandadas por los Roggio como las otras que están asentadas sobre la otra propiedad, necesitan los servicios de luz y agua. 
  
  
• El servicio de la luz y el agua responden a exigencias diferentes conforme los requisitos del ERSEP, el agua es lo más complejo, por las adaptaciones técnicas que se deben hacer para proveerla. 
  
  
• Malabrigo no fue un barrio que se haya incluído en la ley del 2018 que creó el RENABAP , un registro de barrios populares que ofrece la posibilidad a familias que estén ocupando lotes, de no ser desalojadas por un periodo de tiempo, y sobre todo la posibilidad de un certificado con el cual tramiten servicios esenciales. Esto hubiera allanado más la accesibilidad a las familias. 
  
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• Sin esto las familias dependen del Municipio, la Cooperativa, ERSEP, de las entidades que están en juego para el otorgamiento de los servicios. 
  
  
• La Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María dio el visto bueno para comenzar las obras y presentaron un presupuesto a las familias. Solo faltaría la autorización municipal.
  
  
• El intendente Brandan alega que no puede autorizar la obra ya que se trata de terrenos con litigios judiciales por usurpación.
  
  
• En el juicio civil, es innegable que el juez va a ordenar el desalojo de estas familias. A las cuales les queda como opción, lograr un acuerdo con quiénes las demandaron, o conseguir desde el Estado opciones de acceso a la vivienda o intermediación en el acuerdo. 
  
  
• Hay viviendas más avanzadas que otras, las familias que más invirtieron perderán todo lo invertido. 
  
  
• Hay actores que pueden y deben intervenir como la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, Senaf, ministerio de desarrollo social, vivienda, en fin, el Estado. 
  
  
• Por último, existe una falta de políticas que informen y prevengan estafas y malas decisiones patrimoniales para los/as vecinos/as. Debería informarse qué cuidados deben de tener para comprar un terreno, para empezar a construir en un terreno, etc.