Como desde hace una década el Colectivo Organizador de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental convoca a personas usuarias de los servicios de salud mental, familiares, trabajadores/as, estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, docentes, para seguir reclamando por la plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental que han introducido un cambio sustancial en materia de promoción y prevención, basadas en los estándares internacionales de derechos humanos y en la justicia social.

En esta décima marcha, y a 13 años de promulgada las leyes nacional y provincial de salud mental, continúan demandando: 

- Por el cumplimiento del 10% de presupuesto de Salud, que debe destinarse para Salud Mental. 

- Por el cierre definitivo de los manicomios, del Centro Psico Asistencial (CPA) y la incorporación real, con recursos y atención respetuosa, de la Salud Mental en los hospitales generales.

- Por el fortalecimiento del primer nivel de atención, por la creación del Órgano de Revisión Local.

- Por la defensa de que los consumos problemáticos sean considerados parte de la salud mental.

- Por la participación de las personas usuarias en los tratamientos, en los servicios y en las políticas.

- Porque la salud no es mercancía, sino un derecho humano elemental ¡La salud mental no se negocia! 

Conversamos con Martin Passini, comunicador e integrante del colectivo organizador de la marcha quién expresó: “tenemos dos leyes, una a nivel nacional y la provincial, ambas del 2010 y nosotros venimos hace 10 años con esta iniciativa de movilizarnos popularmente en Córdoba y en otras ciudades para reclamar su implementación, en todos estos años hemos ido impulsando estas agendas, pero en general muchas de las demandas con las que empezamos en 2014 siguen siendo las mismas y no vamos a bajar los brazos, por eso este año decimos la salud mental no se negocia y eso también tiene que ver con el contexto político que tenemos por delante en este tiempo.”

Ambas leyes “son realmente de avanzada”, ya que ubican a la salud mental como un derecho humano de toda la población, “no estamos hablando de una ley que está destinada a un sector social o a un colectivo social, sino que es una Ley de salud por lo tanto es para todos”, manifestó y insistió en que “ésta ley lo que hace es garantizar los derechos humanos de las personas que son usuarias de los servicios de salud mental”. 

A 13 años de su promulgación lo que sigue sin cumplirse tiene que ver con “la transformación del sistema de atención a la salud mental para que esté realmente enmarcado en una perspectiva de derechos humanos y se respete el derecho de las personas usuarias”.

Esta transformación implica cerrar los centros de atención conocidos como neuropsiquiátricos y “transformarlos en centros del sistema general de salud”, es decir, “que en los hospitales generales haya salas de internación también para salud mental, que haya equipos, que tengan primer nivel de atención en los centros de salud barriales, que estén fortalecidos con equipos de salud mental, que haya presupuesto adecuado para salud mental”.

La Ley nacional establece que el 10% del presupuesto que se destina a salud debe ir a salud mental, “en este momento no llega al 5% en la provincia, en ninguno de estos años se ha cumplido, incluso cuando ha crecido el presupuesto en la pandemia ha bajado el de salud mental, cada año es menor y lo peor es que no se destina a nuevos dispositivos que sustituyan al manicomio, sino a sostener el sistema manicomial”.

“Lo que ha hecho el gobierno es meter el área de salud mental en hospitales sin generar infraestructura, recursos y demás para que eso funcione bien, entonces, en el mismo lugar con la misma cantidad de profesionales se agregan más servicios y eso es un problema que afecta a los ya resentidos servicios de salud general” explica Passini. 

“Tenemos un marco jurídico que permite avanzar en una línea que serían un desarrollo histórico, se han perdido oportunidades muy valiosas y en el medio están las personas”. 

En esta décima marcha por el derecho a la salud mental, “pretendemos, exigimos y creemos que son importantes, para que las próximas gestiones de gobierno nacional, provincial y municipal impulsen, para realmente tener políticas integrales y sectoriales en salud mental y que aplique lo que se logró ya  hace 13 años con las leyes”.