La semana pasada una joven de 27 años murió en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, esposada a una cama. A raíz de este lamentable suceso, conversamos con Nora Galán, presidenta del Colegio de Psicologues, sobre la situación de la Salud Mental en la Provincia y el comunicado emitido desde el Colegio de profesionales.

“Venimos anunciando hace tiempo que estos sucesos son consecuencias de la no implementación de la Ley de Salud Mental. Tenemos desde 2010 una ley de Salud Mental de excelencia a nivel nacional y una ley a nivel provincial del mismo año, que no se están cumpliendo” manifiesta Nora.

En el comunicado expresan: “El escaso presupuesto del 5% destinado actualmente a la salud mental, sobre el total de presupuesto de salud, muy lejano al 10% recomendado por organismos internacionales, es una muestra más de la vulnerabilidad a la que las personas con padecimiento subjetivo quedan expuestas.” 

Nora explica que “la Ley requiere un 10% del presupuesto de salud para la creación de dispositivos sustitutivos a estas instituciones que se llamaban ‘manicomiales’, y lamentablemente estos dispositivos no se están creando.”

“Es una situación muy grave, porque no se están creando estos dispositivos que no sólo son atención en hospitales generales, sino casas de medio camino, donde las personas puedan vivir de otra manera, hay muy pocas, hospitales de día, centros sociolaborales, que hacen que las personas con padecimiento subjetivo estén insertas en la sociedad, también se están cerrando los centros comunitarios que la provincia tenía (...) todo esto lejos de ampliarse como indica la ley se ha ido achicando, entonces la atención se resiente, los trabajadores hacen todos los esfuerzos pero son cada vez menos, cada vez menos los dispositivos y esto impacta en la población y en la vulneración de derechos.” 

La presidenta del Colegio de Psicologues recalca que “más allá de la situación en particular, hay una cuestión estructural que debe cambiar para que estas situaciones no se produzcan” y asegura que “mientras no haya un sistema adecuado esto va a suceder, mientras no haya dispositivos donde una persona con problemas de salud mental o problemas de adicciones, tenga todas los recursos económicos, materiales y humanos apropiados, esto puede volver a suceder, eso es lo que nos preocupa.”

Además en el comunicado denuncian: “Más de 12 años han pasado desde su sanción. En ese tiempo, no se han creado los dispositivos sustitutivos necesarios, se ha incorporado escaso personal, en su mayoría precarizado, sin reemplazar a quienes se retiran por jubilación. En los antiguos hospitales monovalentes del interior, el personal se ve sobrecargado, realizando múltiples tareas en diferentes espacios de trabajo. El Consejo Consultivo previsto por la Ley, conformado por distintas instituciones no estatales, además de los Ministerios correspondientes, no ha sido convocado en años. No se está trabajando sobre la creación de un órgano de revisión local, que permitiría un seguimiento externo sobre la implementación de la ley.”

"Nosotros venimos pidiendo que intervenga un órgano de revisión. A nivel nacional existe un órgano de revisión que hace el seguimiento del cumplimiento de la Ley de Salud Mental. En Córdoba no existe ese órgano de revisión, la Ley provincial prevé un Consejo Consultivo conformado por personas de los ministerios, usuarios, universidades, gremios, colegios profesionales y no está funcionando. Estos dispositivos deberían estar en funcionamiento, porque sería un modo de que hubiese un contralor, donde proponer acciones y prevenir este tipo de situaciones, serían de gran ayuda” reafirma Nora.