El juez en lo Civil, Comercial y Familia de 1° Nominación con competencia en Violencia Familiar y de Género de la sede de Jesús María, José Sartori, dispuso que quienes integran  la Comisión Directiva del Festival y la Comisión Juvenil de Jesús María reciban capacitación, en forma obligatoria, en perspectiva y violencia de género, bajo los lineamientos de la Ley Micaela, en su aplicación analógica a dicho festival, por entender que es una entidad que promueve el bien público.

Esta medida preventiva fue adoptada en un proceso previsto en la Ley 9283, originado por una denuncia de abuso contra la integridad sexual, que habría ocurrido en el ámbito del Festival de Doma y Folklore; la cual fue remitida por el Polo de la Mujer al citado juzgado y a la Fiscalía de Instrucción de igual sede. 

La apertura del primer taller contó con la participación de directora académica de la Oficina de la Mujer (OM) del Tribunal de Justicia de Justicia (TSJ), María Esther Cafure. En esta oportunidad, la ex vocal del TSJ manifestó la importancia de esta capacitación para desterrar estereotipos de género. También expresó que la resolución del juez Sartori es fruto del trabajo continuo que la OM Córdoba desarrolla, desde el año 2011, a través de tareas de capacitación y sensibilización para incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la justicia.

El segundo taller contó con la presencia de la abogada María José Carignano, a cargo de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

Los talleres de sensibilización se llevaron a cabo los días 10, 12, 17 y 19 de diciembre en la sede de los Tribunales de Jesús María. La capacitación estuvo a cargo de un equipo integrado por Florencia Strassorier y Nahuel Fretes, del Área de Género de la Municipalidad de Colonia Caroya. Este equipo también capacitó a integrantes de las diferentes áreas de dicho municipio según los lineamientos de la Ley Micaela.

Cabe recordar que la Ley Micaela fue promulgada en el diciembre de 2018 y establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.