Primeramente, el jueves pasado, el colectivo celebró  que el Senado convirtiera  en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, con el apoyo del oficialismo y oposición. 

 La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.

A este respecto Martín agrega que la ley también contempla incentivos económicos para que el sector privada haga contrataciones o bien apoyo financiero a emprendimientos que tengan personas del colectivo. 

 “Es una ley profundamente federal, una porque fue elaborada por la militancia de todas las provincias y por otro lado porque entendemos que vivimos en un país donde el estado está centralizado en Buenos Aires”, sumó y recordó que el lanzamiento de este proyecto fue en la provincia de Córdoba, gracias al fuerte activismo de organizaciones y acompañamiento político. 

Sobre esto último aseguró que Córdoba tiene “organizaciones muy pujantes, consecuentes, con mucho laburo militancia y capacidad de diálogo”.

Martin entiende que aún quedan “muchas heridas por reparar” por que la violencia que recibió  el colectivo fue “sistemática y estructural”. 

En este sentido, explica que hay un proyecto de ley para que “las personas trans mayores puedan acceder a la previsión social” y puedan atravesar una vejez digna.

Con respecto al colectivo Intersex se está trabajando en un proyecto de ley sobre la “protección de las características sexuales” que refiere a  la erradicación de la intervenciones quirúrgicas normalizadoras no consentidas  a niños y niñas intersex. “Parece una locura pero sigue pasando en nuestro país”, expresó Martín. 

También se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación en políticas de investigación y desarrollo de preservativos para vulvas.

“Creo que afortunadamente tenemos un gobierno nacional que tiene un compromiso muy claro con esta agenda (...) nos da la tranquilidad que hay voluntad política para trabajar la aplicación (de los nuevos derechos)”, cerró.