Desde hace algunas semanas está en vigencia la Ordenanza 2361/20 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la ciudad de Colonia Caroya, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante después de varios meses de análisis y debate con el Consejo de Planificación.

En esta nueva normativa se establecen las dimensiones de las nuevas zonas en las que se divide la ciudad: Urbanizable, de Amortiguación, Industrial, Rural, y de Valor Estratégico.

Cada una de estas zonas y las subzonas creadas tendrán su propio código de edificación, Factor de Uso de Suelo y de Ocupación del mismo. 

Pero lo más importante es que se definieron con claridad cuáles serán los sectores en los que se pueden generar subdivisiones para proyectos de urbanización y en cuáles no.

En el plano del final se aprecian dos colores.

El naranja representa a la actual zona urbana consolida a los que se anexan siete lotes actualmente rurales que pronto cambiarán a urbanos, ubicados entre las calles 48 y 124, desde la 56 hasta 30 en el lado Sur; y entre calles 40 y 96, desde la 56 hasta la 30, del lado Norte. Estos lotes aún no tienen sus ordenanzas específicas, pero serán los próximos en modificar el uso de suelo.

Además, se integra un sector colindante al Bº Sierras y Parque, donde existe un proyecto de urbanización, que recién se podrá ejecutar cuando el Concejo analice las condiciones de ese sector.  

Solamente en los sectores de color naranja se pueden y podrán en un futuro cercano hacer urbanizaciones autorizadas.

En el resto del mapa, pintado de color gris, no se autorizará ningún loteo ni pedido de subdivisión; y en caso de existir el loteo con anterioridad, no se permitirá la urbanización ni la prestación de servicios.

La zona pintada de gris al Oeste de la Ruta 9 representa, en mayor proporción, a Áreas Rurales (de producción agropecuaria) y al Área de Interés Ambiental, Natural, Protegida y de Riesgo de la unión de los ríos La Granja y San Cristóbal.

Ante ofrecimientos de venta de terrenos en ese lugar, se recomienda primero consultar a la Municipalidad para asegurar si la inversión de compra de tierra se haga en un lugar permitido para construir una vivienda con los servicios necesarios para el hábitat.