“La decisión judicial de que él vuelva a sus funciones y se les asignaran las mismas que tenía en su momento está firme” señaló Arriagada, abogado defensor de Marcos Fernández a La Ronda, al mismo tiempo que confirmó que el Estado Nacional no hizo “ningún tipo de apelaciones” por lo cual el director de la Banda de Gendarmería Nacional de Jesús María “tiene que volver a trabajar en lo inmediato”

Fernández había sido desafectado de la institución en 2014, luego de que durante protestas salariales la banda hiciera una “manifestación musical” interpretando el Bombom Asesiso de Los Palmeras y Money de Pink Floyd.

En ese sentido, ya son 60 las reincorporaciones por vía judicial logradas en Jesús María tras la protesta salarial que tuvo lugar en octubre del 2012.

“La decisión de la justicia tiene que ver con que los actos administrativos fueron injustos, la decisión de la cúpula de gendarmería fue falta de motivación de causa y de ilegalidad al momento de decidir” 

A este respecto, el abogado agrega que se “magnificó una situación de hecho” refiriéndose al concierto que se da en el marco de la protesta salariar de octubre de 2012, en la Plaza San Martín de Jesús María. 

Para el propio Arriagada, la decisión de la cúpula fue una suerte de “revancha” con lo que había pasado con la “banda loca” cuando en el bicentenario de la patria, el 25 de mayo de 2010, la Banda de Gendarmería participó de un encuentro de bandas en la ciudad de Córdoba interpreta canciones “fuera de lo común respecto a lo que es la estructura rígida de una banda militar”.

En ese momento, la presidenta de la nación, Cristina Kirchner, suspendió cualquier medida que la cúpula de gendarmería pudiera tomar para con los integrantes de la banda, e incluso felicitó el espectáculo.

El juzgado tomó la determinación de que a Fernández se le debe abonar el haber del primer año al 100%, del segundo año 75%, el tercero el 50% y el cuarto año el 25%. En suma le corresponderían $1.500.000 más intereses, que se calculan a partir de las tasas de esos años. “Viene a ser una recomposición económica por una decisión desacertada de gendarmería”, concluyó.