“...hemos tomado conocimiento de diversas situaciones de violencia por razones de género acaecidas durante los años 2021 y 2022 en el sector público de las localidades de Colonia Caroya y Jesús María, sin que se tuviera noticia de su investigación, sanción de los responsables y protección integral de las personas afectadas, con motivo del día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre), del ejercicio de nuestros derechos constitucionales de peticionar a las autoridades y de recibir respuesta de las mismas (art. 35 de la Constitución de Córdoba) y de comunicar, expresarnos e informarnos (art. 19 inc. 10 de dicha Constitución) es que queremos  impulsar la iniciativa ciudadana de requerir a las autoridades públicas que informen datos relativos a su actuación frente a casos de violencia de género en el ámbito del trabajo” expresan representantes de las organizaciones en un comunicado. 

Conversamos con María Marta Cardozo Chacón, abogada especialista en Derecho Laboral, activista por los derechos de las mujeres y madres frente a la violencia de género en el ámbito del trabajo, integrante de la Organización Federal Familias Monomarentales Argentina. 

María Marta explica que este pedido es “es un pedido de información, nosotras como ciudadanas tenemos derecho constitucionales y también reglados en ley nacional y ley provincial sobre el acceso a la información pública, obviamente con limitaciones” y agrega que “la idea era a través de esta solicitud de información pública, recordarle a los Estados Municipales sobre el estado del tratamiento, del abordaje, de la violencia por razones de género en sus espacios laborales, es importante tomar este tema desde un lugar estructural y no tomarlo desde un caso puntual, porque muchas veces justamente hacer ese tipo de lecturas o señalamientos, muchas veces vulnera aún más o revictimiza a aquellas personas que puedan estar atravesando esta situación” .

“Nuestra acción concreta este día 25 fue solicitarle a las autoridades de ambos municipios que nos cuenten, que informen, qué cantidad de casos han tenido con motivo de este tipo de denuncias o de violencias, cuales han sido los abordajes, cuáles han sido los resultados para las personas involucradas, como está también en la implementación de las adhesiones por ordenanza a la Ley Micaela, como han sido esos resultados, como viene esta cultura organizacional en ambas instituciones, en relación a la deconstrucción de los estereotipos que claramente en la cotidianidad, en las relaciones interpersonales laborales van marcando la vida de las personas que justamente atraviesan situaciones, muchas veces de discriminación, de hostigamiento, de acoso, de daño en estos espacios que muchas veces no tienen como defenderse” manifiesta la abogada. 

Comenta además la particularidad de la violencia laboral por cuestiones de género, “es muy difícil la violencia en el ámbito del trabajo porque uno está en una relación de muchísima vulnerabilidad, porque necesita seguir trabajando para poder llevar el sustento diario a su casa, a su hogar, que muchas veces está en situación de precarización laboral, porque no tienen formas contractuales de garantizar a las empleadas este tipo de derechos que sí lo tienen las personas que son planta permanente”.

Con este pedido se pretende “pedirle al Estado que nuevamente se siente, a la hora de informar, a hacer un repaso de cuánto está invirtiendo en esta problemática, qué profesionales están a cargo del abordaje de esta situación, cuál es su capacitación, como se está implementando la Ley Micaela en sus espacios laborales y como viene siendo, si realmente han podido trabajar en los cambios culturales que se necesitan para poder garantizar una convivencia pacífica, para poder garantizar una vida libre de violencias para todas todos y todes”. 

“La iniciativa parte desde nuestro lugar ciudadano que tenemos, que también es al mismo tiempo el acceder de a la información y del control de los actos del Estado, porque es también una manera de que la mirada pública, la esfera pública, se construya desde un lugar más democrático, mucho menos asimétrico, sino no hay forma de poder apreciar cuáles son las inversiones, las actuaciones estatales, si uno no tiene efectivo acceso a la información.”

“En segundo lugar, preguntamos sobre la existencia de protocolos, como se actúa  justamente frente a estos casos, y que en la respuesta puedan acompañar con esa documentación para que nosotras la conozcamos, veamos, la evaluamos, como se procede, cuáles son las alternativas que tiene la persona, cómo está construido ese protocolo, cuál es el camino, que garantías brinda a las personas que atraviesan esto.”

Por otra parte María Marta explica que “así como estamos haciendo pública la iniciativa de la presentación, vamos a hacer pública la respuesta que tengamos, que esperamos que sea una respuesta completa transparente, veraz, de calidad, para que como organización y como ciudadanas sigamos cumpliendo el rol en el desarrollo de políticas públicas en clave de género, que incluye la participación activa de organizaciones sociales, estamos haciendo uso de esos derechos, y estamos haciendo uso de esa colaboración directa, porque esto no apunta a una persona, a un funcionario o a una oficina, nosotras queremos que esto se hable en términos políticos estructurales y de responsabilidad estatal.”

Hasta el momento adhirieron a esta solicitud “La Colectiva Córdoba, el proyecto de E.S.I del Zarela Moyano, el Ni Una Menos Córdoba, la Asociación Civil La Bicicleta, la Mesa Regional de DD.HH, el Frente de Todos Caroya, y vamos a ir reuniendo todas las adhesiones que se van sumando y también para que estos pedidos tengan más fuerza, más alcance, y que realmente la intención que todas aquellas personas en el sector público de ambos municipios, que puedan estar atravesando este tipo de situación, no se sientan solas, que justamente sepan que desde un lugar externo, hay personas que se están preocupando y ocupando de esto, al menos pidiendo esta información, pretende esto, que sean vistas, que sea vista la situación que están atravesando, y que vuelva a preocupar y ocupar a los funcionarios, esa es la mayor intención y objetivo”, sintetiza la profesional.