Manolo Bonaldi es intendente de Sebastián Elcano hace 25 años, hace un año que vecinas y vecinos organizados en asambleas ciudadanas vienen exigiendo el tratamiento de una ordenanza que restringa el uso de agrotóxicos en la periferia del ejido urbano de la localidad. Recién este lunes fueron recibidos por el mandatario luego de que la policía de Córdoba interviniera para detener dos aplicaciones ilegales en campos colindantes a la ciudad. Según los vecinos y vecinas que asistieron a la reunión Bonaldi propuso una ordenanza que restringiría las fumigaciones a solo 100 metros del ejido urbano, muy lejos del proyecto presentado por las asambleas ciudadanas que busca prohibir las aplicaciones a 1500 metros terrestres y  3000 metros aéreas.

En noviembre del año pasado tras varias asambleas vecinos y vecinas de Sebastián Elcano junto a la Federación de Organizaciones de Base presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante. El proyecto realizado integramente en las asambleas propone ademas la creación de caminos alternativos para las maquintarias y el transportes de insumos utilizados para las fumigaciones.

En comunicación con La Ronda Monica Ponce integrante de la Federación de Organizaciones de Base denunció la falta de compromiso del ejecutivo.

“El municipio de manera desprolija presentó una propuesta de ordenanza. El intendente se juntó con empresarios primero y después llamó a los vecinos”

El intendente radical no sólo negó el tratamiento del proyecto presentado por vecinos y vecinas sino que hizo una contrapropuesta que difiere mucho del proyecto original.

"Las organizaciones pedimos que la distancia para la fumigación terrestre sea 1500 metros y 3000 para la área. Ellos piden que sean 100 metros que no es nada"

Las aplicaciones ilegales están penadas por la Ley Provincial 9.164 con la retención de la maquinaria agrícola en depósitos habilitados, situación que no se pudo cumplir en Sebastián Elcano por falta de un lugar habilitado que funcione como depósito. Este vacío legal generó que el municipio finalmente tenga que atender la demanda de vecinos y vecinas.

La falta de una ordenanza local que regule el uso de agrotóxico genera un vacío legal que inhabilita el cumplimiento de la ley provincial. Desde la Federación de Organizaciones de Base (FOB) denunciaron una connivencia entre los sectores del agronegocio y el municipio local.