A principios de mes, Alberto Fernández participó del segundo encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, realizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CABA). Allí el Presidente destacó la necesidad de impulsar esta actividad para que “los agricultores cosechen, generen alimentos para los argentinos y no tengan que pensar en dejar el lugar en el que han nacido para ir a buscar un futuro mejor en otro lado”.

A su vez, Fernández anunció una partida de 100 millones de dólares provenientes de créditos otorgados por el Banco Mundial, para el desarrollo agropecuario, y así impulsar y promover la agricultura familiar a partir de la tan ansiada reglamentación de la ley 27.118 que fomenta la economía popular y declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena.

Previo a la sanción de la ley en 2014, desde el estado en articulación con decenas de organizaciones del sector, se trabajó arduamente en el consenso de una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Un actor fundamental en el anteproyecto de ley fue el abogado Ramiro Fresneda, especializado en derecho a la tierra y en derechos humanos, quien en ese entonces se desempeñaba como Subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación.

“Muchas veces los ‘grandes’ medios de comunicación y las ‘grandes’ propagandas nos quieren hacer creer que el campo argentino es el desierto verde de soja transgénica que da de comer al pueblo, y eso es falso. Dar de comer al pueblo son los hombres y mujeres que representan el 53% del empleo rural, y el 65% de las exportaciones agropecuarias son de la agricultura familiar, y siempre han estado muy invisibilizados”, explicó Ramiro en La Ronda, entrevistado en el programa Ciudad Campo y agregó: “Si se quiere, el motor de la lucha campesina tuvo que ver con el sufrimiento que veíamos de ese hombre y mujer del campo, esa dignidad humana, que todo ser humano tiene derecho a vivir y a morir en la tierra que lo vio nacer, es el motor fundamental de la ley”.

Al mismo tiempo, Fresneda tomó con muy buenos augurios el anuncio del Presidente, pero mantiene cautela hasta que se implementen dichos fondos y se materialice el aporte estatal en todo el país.

“Lo que esperamos ahora de manera urgente es que este anuncio se concrete de manera rápida. Si no está la reglamentación, la ley no va a la práctica, y se ha perdido mucho tiempo. Que ese presupuesto no baje de arriba hacia abajo, sino que baje a través del Consejo de Agricultura Familiar, pueda haber realmente una democratización de cómo se manejan esos recursos. Es una deuda de la democracia, poner en valor la agricultura familiar en Argentina”, señaló.

Por otro lado, habló el dirigente y productor Antonio Córdoba, presidente de la Cooperativa San Carlos (Córdoba) y primer vocal de la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF), desde donde también se trabajó duramente en el diagnóstico del sector y su reivindicación.

Antonio resaltó el nacimiento de la cooperativa en 2004, como consecuencia de haberse quedado fuera del sistema sojero: “Éramos peones tractoristas, quedamos fuera del sistema y creamos la cooperativa”, en ese entonces siguiendo el sistema convencional de producción.

Luego, en 2011, tras el envenenamiento de su primo con agrotóxicos, comenzaron a trabajar con la agroecología, siendo la Cooperativa San Carlos una de las pioneras en la materia, dentro de la provincia. A partir de ahí, empezaron a trabajar fuertemente en la construcción de una ley que los representara. ”Nosotros de la FONAF fuimos uno de los propulsores para la ley. Se perdieron varios años de las propuestas que se presentaron. Queríamos el arraigo de los jóvenes, que se queden en el campo. Casi eran un geriátrico los campos porque estaban los viejitos sólos, y eso nos apenaba”, manifestó. 

Además del desarraigo como problemática, había otras más: tierra, hábitat, herramientas, créditos blandos y educación, “para poder quedarnos en el campo”, comentó Antonio y destacó: “Este es un primer paso que se ha hecho. Creo que va a haber mucho dinero, pero queremos ver que salga algún proyecto, primero”.

Hoy Antonio Córdoba sigue trabajando como productor, y como dirigente y compañero no deja de preocuparse por la difícil realidad de las familias productoras. “La situación está malísima para los productores chicos. Hay mucha gente extranjera de Bolivia y Perú que está trabajando en las quintas, que alquila campo, y no vive dignamente. Está muy lindo que se produzca, pero no saben cuando éste (el productor) llega a su casa. Casa de nylon, sin baños bien puestos. A veces no llegan los recursos a nivel provincial o nacional para esa gente que tanto le hace falta: una casita para que tengan un buen vivir, para que al otro día ese cuerpo descanse y salga a trabajar de vuelta. Es muy duro el trabajo del campo”; sumó Antonio y explicó que eso pasa en todas las provincias y que se requieren viviendas dignas, algo muy burocrático para gestionar y no todos lo pueden hacer.

Así mismo, en “Ciudad Campo” conversó con la actual subsecretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, Mariana Victoria Vigo, para saber cómo tomó la reglamentación de la ley nacional y qué es lo que se está realizando desde la provincia.

“Es un momento muy importante para festejar. Nosotros estamos muy contentos desde la provincia y entendemos que esto finalmente está llegando a muy buen tiempo, y nosotros acompañamos estas posibilidades que desde el gobierno nacional se concretiza para la agricultura familiar, campesina e indígena. Veo con muy buenos ojos esta posibilidad de que desde el Estado nacional, los recursos sean distribuidos en todas las provincias y que también sean reconocidos a través de estos recursos, la necesidad de formalizar y fortalecer las estructuras productivas”, manifestó Vigo.

A nivel provincial, Córdoba adhirió en 2019 a la ley nacional, y también cuenta con su ley 10.657 de “Desarrollo integral de la agricultura familiar, campesina e indígena”, sancionada por unanimidad en el mismo año pero que aún no cuenta con su reglamentación.

“Pos pandemia, estamos activando nuestro Consejo asesor provincial y desde allí su reglamentación. Creo que la pandemia ha reconocido a esta ruralidad, la puso en valor, a los fines de poder llegar adelante el trabajo y la aplicación de estas legislaciones, entendiendo a todo como un trabajo en conjunto”, explicó la funcionaria.

“En esa mesa del Consejo hemos acordado trabajar y proponer acciones, consejos y políticas públicas que contemplen a todos los sectores de la agricultura familiar”, destacando a las organizaciones de la rama agraria que son más de 30 en la provincia, y teniendo en cuenta también la necesidad de llegar a todo el territorio: “Hay otros lugares, muchos más recónditos, y tal vez con productores que no accionan a través de las organizaciones que también requieren de nuestro acompañamiento. Es un sector que no tiene las posibilidades de tener un acompañamiento técnico propio, y un acompañamiento en la gestión, que creo que otros sectores sí lo tienen”.

A su vez, Mariana Victoria Vigo recalcó “que los productos provenientes de la agricultura familiar son de un sistema agroecológico, productor de alimentos”, destacando a las ferias francas para su comercialización, y al monotributo social agropecuario, como oportunidad a las familias productoras para contar con una jubilación, una obra social y estar registrado. “Si vos no estás registrado, no tenemos una real realidad de la situación de los productores en número, y para poder llevar adelante políticas públicas se necesitan tener datos ciertos”, agregó.

Por último, la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Córdoba, destacó con optimismo la nueva etapa que se abre para trabajar en red y de manera articulada.

“Estratégicamente tenemos que relevar, diagnosticar, registrar y poner prioridades a la hora de mejorar la vida de cada uno. Entiendo que la reglamentación de esta ley, de la nacional y provincial, va a conllevar un cambio que nos permita después concretar en números, el presupuesto y ahí creo que todos tenemos que tener participación”, haciendo referencia a la articulación de los gobiernos, los organismos especializados, las universidades, organizaciones y productores. “Tenemos un gran camino que recorrer y creo que las posibilidades para la agricultura familiar van a mejorar”, cerró.