El informe pertenece a Alexis Oliva y Sala de Prensa Ambiental al igual que las infografías. El audio es de la habitual columna de Alexis Oliva en La Ronda los miércoles por la mañana. En el audio se pueden encontrar los testimonios de, Gustavo Montoya, abogado de los agroempresarios Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza; Victoria Gauna, abogada del Movimiento Campesino de Córdoba y representante legal de Ramona Orellano y de la propia Ramona Orellano de Bustamante.

Ramona Orellano de Bustamante, la emblemática campesina del norte cordobés, cumplió 95 años, bajo amenaza de un nuevo desalojo ordenado por los Tribunales de Deán Funes. La sentencia fue apelada y el litigio parece encaminarse a cortes nacionales e internacionales. Mientras en el gobierno provincial “siguen de cerca” el conflicto, hablan por primera vez los abogados de los hermanos Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza. En el campo de Las Maravillas, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras organizaciones fortalecen el acompañamiento a Ramona y Orlando, su hijo. Crónica de un caso del interior profundo, en el que se dirimen dos modelos agrarios antagónicos, los derechos del campesinado y su supervivencia.

Desde la sentencia han vuelto a aparecer. Cada vez más bajo, cada vez más cerca.

—Lo hacen para provocar y meterle miedo –dicen.

¿Cómo se verá el campo de Ramona desde las avionetas fumigadoras? El híbrido de rancho y carpa donde ella vive; la vivienda de ladrillos de su hijo Orlando; los corrales de cabras, la represa y el tunal; el excusado y el pozo de agua; la carpa más amplia donde a veces se junta gente de afuera –y más en estos días, desde la sentencia–. ¿Cómo se verán las ruinas de la casa de material, varias piezas y baño adentro, que demolieron las topadoras custodiadas por policías aquel 30 de diciembre de 2003?

La jueza Emma Del Valle Mercado, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán Funes, hizo lugar el 26 de febrero a la acción de desalojo interpuesta por los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, productores y empresarios rurales de Oncativo, contra Ramona Orellano de Bustamante. La sentencia la condena a “desalojar en el término de diez (10) días hábiles de quedar firme el presente resolutorio, y a entregar libre de personas y/o cosas puestas por ella, o que de ella dependan, el inmueble objeto del presente juicio, ubicado en Puesto de Luna, Pedanía Candelaria, Departamento Río Seco, de ésta Provincia de Córdoba (…) Bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública”.

El fallo fue apelado por los abogados del equipo jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), que auxilió a Ramona luego de aquel violento desalojo que la dejó a la intemperie. Ahora está en manos de la Cámara Civil y Comercial de Deán Funes, lo que pone en suspenso su ejecución y prolonga una disputa jurídica que lleva más de veinte años. Ochenta, desde que el padre de la protagonista adquirió el campo cuya posesión se le niega. Un litigio que podría llegar a los tribunales nacionales e internacionales y trasciende lo jurídico, como un conflicto testigo de la lucha por la tierra y la pugna entre modelos agrarios antagónicos.

Las señales para entrar al campo sin tranquera, a 26 kilómetros de Sebastián Elcano y 200 de Córdoba capital, son un pañuelo atado en uno de los postes y un CD colgado de un arbusto. 

“No tenemos una justicia ni un derecho para el campesino que vive de la tierra –dice Orlando Bustamante–. Y bueno, decidimos seguir adentro y volver a luchar… La mami nació en la otra punta del campo y se vino a vivir acá cuando se casó. Yo soy el más chico, nací en esta tierra. Me iba a trabajar, a cosechar papas, y volvía, si tengo mi domicilio acá. Estoy un poco ya cansado y a veces uno se cansa de luchar y quiere irse… pero tengo una señora acá que me dice que no, que no me voy a ir”.

UN CONFLICTO, UN SÍMBOLO

Ramona Marcelina nació el 6 de abril de 1928, hija primogénita de Eusebio Orellano y Dionisia Orona, quienes –según ella afirmó siempre– se casaron cuando ya tenían seis hijos, en julio de 1944, ante la Iglesia Católica. Su madre murió poco tiempo después y Ramona, con 16 años, tuvo que criar a sus hermanos menores, mientras su padre trabajaba en el campo de 236 hectáreas que había comprado en Las Maravillas en 1941. En 1947, Eusebio contrajo un segundo matrimonio con Elvira Rosa Suárez, con quien tuvo otras dos hijas, y falleció el 9 de marzo de 1956.

Más de 26 años después, el 14 de diciembre de 1982, las hijas del segundo matrimonio iniciaron la declaratoria de herederos, de la que excluyeron a sus medios hermanos con el rótulo de  “extramatrimoniales” –por entonces desprotegidos por la ley– y la facilidad de que la mayoría había emigrado de esas tierras. Excepto Ramona, ya casada con el hachero catamarqueño Raúl Saturnino Bustamante, con tres hijos biológicos y seis adoptados, quienes habitaban y trabajaban el sector sudoeste del campo que compartía con sus medias hermanas.

En abril de 1983, el Juez de I Instancia y 6° Nominación civil y Comercial de Córdoba le otorgó en herencia a las hijas de Orellano y Suárez el campo de 236 hectáreas. En abril de 1984, se lo vendieron al ex policía Hugo Piatti. A él le compraron la tierra los hermanos Scaramuzza, el 24 de agosto de ese mismo año. Si entonces desconocían que más de la mitad de esas 236 hectáreas estaban habitadas por una familia –que subsistía con la cría extensiva de ganado caprino, ovino, vacuno y aves de corral, concurría a Sebastián Elcano a hacer sus compras y tenía vida social– en los años siguientes tuvieron tiempo de enterarse. 

Doña Ramona - Foto de Carolina Rojo

EL ACUERDO INVEROSÍMIL

El 30 de mayo de 1992, Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza le hicieron firmar a Ramona Orellano un convenio de desocupación –autenticado luego por el Juez de Paz–, según el cual ella los reconocía como “únicos y exclusivos poseedores y propietarios del inmueble” y ellos la autorizaban a “continuar la ocupación precaria o viciosa de la vivienda, con una extensión circundante de cien metros alrededor de ella”, pero “no podrá realizar en la vivienda y terreno circundante mejora ni acto de desnaturalización algunos”.

Tras inventariar una vivienda de mampostería de 11 por 7 metros, una construcción precaria techada de 3,5 por 8 metros, un excusado exterior y un pozo para extraer agua subterránea, establecía: “La vivienda y demás elementos clavados, plantados, adheridos y/o edificados en el suelo podrán ser retirados por la señora Ramona Marcelina Orellano de Bustamante y de no haberlo hecho ella, los señores Scaramuzza podrán disponer libremente de ellos, sea sacándolos, removiéndolos, destruyéndolos o aprovechándolos o de cualquier otra manera como dueños de los mismos que son”. Asimismo, si ellos quisieran hacer algún cambio, ella no podría oponerse. 

Según el presunto convenio, que homologaría el Juzgado de I Instancia y 12° Nominación, Ramona podría permanecer en ese rincón “hasta que ocurra su fallecimiento, siempre que antes los señores Scaramuzza, sin necesidad de comunicación, ni interpelación judicial o extrajudicial previa, no hubieren dispuesto su desalojo”. “Si ocurriere la muerte de la señora Ramona Marcelina Orellano de Bustamante, el lanzamiento tendrá lugar igualmente contra todas las personas, herederos o no de ella, que se encuentren en la vivienda y terreno circundante”, se advertía. 

“A mí me hicieron firmar. Habían escrito tres hojas, los sinvergüenzas, y a mí me hicieron firmar una, pero las otras no me las leyeron. Y esa firmé. Mis hermanos ninguno firmó. Me dijeron: ‘Vos no vas a salir. Vos viví acá’. Yo estaba sola y no sabía. Son unos sinvergüenzas”, recuerda Ramona, cuya educación escolar alcanzó el segundo grado de la primaria.

El acuerdo fue homologado en sede judicial y quedó firme el 16 de diciembre de 2002. Un año después, por orden de la Justicia de Deán Funes a instancias de los Scaramuzza, una veintena de policías expulsaron a Ramona y Nicolás, el niño que criaba, mientras una topadora le derribaba la casa. Los integrantes de la Unión Campesina del Norte de Córdoba (UCAN), le ayudaron a armar un toldo a la vera del camino. El 23 de enero siguiente, en otra incursión policial se lo tiraron abajo, esparcieron sus pertenencias y también inutilizaron el pozo de agua con escombros y gasoil, según corroboró una inspección de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero volvieron a levantar la carpa-rancho y Ramona con su hijo Orlando se quedaron en el campo.

Por aquel convenio firmado en 1992, Ramona Orellano con el equipo jurídico del MCC denunciaron a los hermanos Scaramuzza, que fueron imputados por el delito de “estafa procesal” y llevados a juicio. El fiscal Hernán Funes pidió tres años y seis meses de prisión y la querella cuatro, pero la Cámara del Crimen de Deán Funes los absolvió el 11 de noviembre de 2009. Entonces, el péndulo judicial volvió a oscilar en contra de la campesina, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia, al dejar firme la absolución al año siguiente aclaró que esa sentencia “carece de toda incidencia sobre la ocupación que pudiera estar ejerciendo Ramona Marcelina Orellano”. Fortalecidos, los Scaramuzza presentaron el 24 de octubre de 2012 una nueva demanda de desalojo contra Orellano.

EL VIENTO TRAE COVID Y ALGO MÁS

Despierta desde el alba, Ramona teje al crochet en su habitación hasta que la temperatura sube lo suficiente como para no contradecir la orden médica de “cuidarse del viento sur”. Cumple 95 y a pesar de las gestiones del MCC, todavía no ha sido vacunada contra el Covid. En los últimos años, ha sobrellevado tres neumonías y le tiene más fe a su Virgen de la Merced que a la Sputnik V o la AstraZeneca. En una pared, un cartel reza: “Cuidemos entre todxs a Ramona. 1) Lavarse las manos con jabón. 2) Mantener la distancia. 3) Usar barbijo. 4) El baño es exclusivo de Ramona”. 

El aviso tiene como destinatarios a los visitantes solidarios que viene recibiendo desde la sentencia última: los futbolistas Juan Cruz Komar –de Talleres– y Gerónimo Tomasetti –Belgrano–, el cantautor Raly Barrionuevo –su amigo desde enero de 2004, cuando junto a León Gieco la invitaron a contar su drama en el escenario de Cosquín–, los curas y ex curas Guillermo “Quito” Mariani, Nicolás Alessio, Tata Ortiz y Gustavo Gleria –del grupo Angelelli–, Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, el joven desaparecido en febrero de 2012, y decenas de periodistas y fotógrafos, referentes políticos, sociales y sindicales. 

Ella igual ejerce su don de anfitriona y trata de participar en todas las actividades, como ahora participa de los talleres de producción del MCC, aunque algo apartada de la treintena de asistentes venidos de distintos puntos del norte cordobés. Mientras tanto, su hijo organiza un grupo para cocinar el almuerzo para las visitas. Luego elige una cordera para faenar y convertirla en el ingrediente principal de un delicioso guiso con fideos y verduras. Cuando ya está encaminado, Orlando accede a la entrevista.

“En la Justicia ya no creo, no hay justicia”, dice a sus 65 años el hijo menor de Ramona, el único que todavía vive con ella, le ayuda y la cuida. “La justicia que puede haber es la justicia popular –aclara–. Pero por ahí también es malo, porque si vienen a atropellar nos vamos a defender, como le dije la otra vez al policía que vino”. 

—¿Llegan hasta acá los policías?

—Sí, vino uno de Las Arrias, a 30 kilómetros de aquí, y me dijo: “Mirá, ustedes ya tuvieron dos desalojos, así que tené cuidado porque ahora puede ser violento”. Yo lo tomé como una advertencia mala y le dije: “¿Van a venir ustedes?”. “No, nosotros no”. Si la otra vez fueron los mismos policías los que rompieron una pared y pusieron una cuerda para voltear la casa, si el tractor no podía voltearla. El mismo policía que ahora está jubilado y ha sido vecino de acá. Él y el hermanito venían a comer a la casa nuestra cuando tenían 10 o 12 años y después él mismo vino a romper la casa para que la volteen.

Mientras Orlando dice esto, de repente se corta el murmullo de fondo del taller de dulces y los preparativos del almuerzo. Llega un patrullero, del que bajan un oficial corpulento y un agente más bajo. Buscan con la mirada a Ramona y van hacia ella. Orlando interrumpe la entrevista y sale apurado a recibirlos. Hay temor de que vengan a advertir que se viene el desalojo, pero el policía de mayor rango aclara:

—Venimos a dar una vuelta, nomás a ver cómo está todo. ¡Qué lindo volver a verla después de tanto tiempo! ¿Cómo estás, viejita? –le pregunta con tono amigable mientras le agarra las manos.

—Acá… en la lucha. Con toda esta gente que ha venido…

—Muy bien. Hay que luchar. Te va a ir bien, con toda la gente que te acompaña –dice el oficial ante el asombro de los presentes–. ¡Hola, Orlando! No te había visto. ¿Cómo andás, papá?

—Acompañado, ¿viste? 

—Sí, me parece perfecto. Bueno, viejita, voy a hablar un poco con la gente, a ver de dónde son, los apellidos, de dónde vienen… para saber nomás. Voy a andar dando vueltas controlando.

Se despiden de ella, anotan algunos números de DNI y se van. 

—El padre de este chico también era policía –cuenta Ramona–. Cuando era chiquito, yo le cosía la ropita. El día que me sacaron y me voltearon la casa, a él lo mandaron, pero no quiso venir.

—Cierto… Le metieron cinco días de suspensión –confirma una vecina.  

Así quedó la casa de ramona tras el primer desalojo - Foto de Carolina Rojo 

LA DOBLE DISCRIMINACIÓN

“Este campo es una escuela, y por eso traemos a las juventudes y niñez para que sepan lo que es la dignidad campesina, porque no solamente fueron dos desalojos, sino el hostigamiento todo el tiempo. Por las buenas o por las malas: le rompieron la casa, le taparon el pozo, los aviones con veneno, le matan los animales, las amenazas constantes, mandan gente a decirle que se vaya y le ofrecen casa en Elcano y en Puesto de Castro… Ramona no solo es emblemática como campesina pobre, sino también como mujer”, afirma Andrea Quiroga, integrante de UCAN-MCC.

En su presentación como amicus curiae en la causa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que Ramona pertenece a un colectivo doblemente vulnerable, en “la yuxtaposición de su condición de mujer rural”, a la que “los Estados deben reconocer la misma capacidad civil y jurídica que la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad”. En particular, “iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”. Además, destacaron que Ramona “ha transcurrido toda su vida allí (en la tierra en litigio) y de haberse asegurado oportunamente su tutela judicial podría haber gozado de disponibilidad sobre su predio (pero) desde 1983 al ser excluida de la declaratoria de herederos, no ha sido escuchada ni resguardada en sus derechos”.

Apenas producido el último fallo, el MCC, la UCAN Córdoba, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamaron: “Freno inmediato al desalojo inhumano pretendido por los Tribunales de Deán Funes. Que el Gobierno de Córdoba expropie las 150 hectáreas que le pertenecen a Ramona para terminar con la sistemática vulneración de derechos y que cuidamos de forma colectiva. Una ley provincial que suspenda los desalojos y la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar donde se contemplen otros modos y usos del territorio”. Además, iniciaron una campaña de solidaridad en redes sociales con los hashtags #RamonaNoSeVa #RamonaResiste 

Desde el gobierno provincial, fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmaron a Sala de Prensa Ambiental que siguen de cerca la situación “evaluando alternativas que permitan una solución que contribuya a la paz social”.

Foto Carolina Rojo 

“PARA NOSOTROS, EL CONFLICTO ESTÁ LIQUIDADO”

Sala de Prensa Ambiental gestionó una entrevista con Juan Carlos y Edgardo Scaramuzza, que ellos delegaron en sus abogados Gustavo Montoya y Pablo Daniel Fasola. Estos letrados actuaron en la defensa penal por la acusación por estafa y en la causa civil por la disputa del campo. Ambos indicaron que hace 37 años, cuando los productores de Oncativo compraron esas 236 hectáreas, eran valuadas en alrededor de mil dólares: “En el ’84 salían menos que un Fiat 600”, graficó Montoya y según su cálculo, en la actualidad, valen “más de 250 mil dólares”.

Respecto al litigio, consideran que el reclamo de Ramona Orellano es ilegítimo y acusan: “Los movimientos campesinos quieren apoderarse de ese campo”. Para ellos y sus clientes, no hay otra salida que el desalojo de la anciana campesina y admiten que en la actualidad “el mayor problema es el hijo” (Orlando Bustamante).

Sobre la situación de Ramona, Fasola explicó que su padre “estaba casado y tenía tres hijos matrimoniales”, y ella “era hija extramatrimonial, conforme a la legislación vieja”. “Al fallecer su padre, tenía que ingresar a la declaratoria, que se llamaba petición de herencia. Ella no lo hizo. El señor Orellano en vida le dio un campito; ni un campito, le dio media manzana”. Los Scaramuzza conocían que ella habitaba una porción del campo y por eso le ofrecieron en 1992 “un contrato de comodato”, que establecía un plazo y “vencido ese tiempo la señora se tenía que retirar”. 

A su vez, Montoya relató que una vez iniciado el juicio de desalojo “se les ofreció darles diez hectáreas alambradas y con el título”, propuesta que por el modo de producción pecuaria a campo abierto propio de la zona hubiera resultado inviable. “¿Y sabe cuánto quería este movimiento campesino? 150 hectáreas”, recordó.

-Por lo que usted dice y según plantearon en la causa, ella permanece en el campo “por la clandestinidad, la fuerza y la mentira”. Ustedes -y a través suyo les pregunto a sus clientes- ¿no piensan que también hay una necesidad?

GM: -Hay una gravísima equivocación. Los propios Scaramuzza y nosotros también estamos para la defensa de la señora, pero no vamos a permitir que estos movimientos campesinos, utilizando la figura de Ramona, pretendan apropiarse de un campo que no les pertenece. 

Además, no le hubiese pertenecido ni a la propia señora en los porcentajes que ellos pretenden, aunque hubieran sido distintas las leyes. Es una lógica de estos movimientos campesinos, que utilizan y engañan a la gente, ¿quién no va a estar a favor de una señora mayor que ha vivido casi toda su vida ahí? Hasta nosotros y los propios Scaramuzza estamos condolidos. Pero el campo se transmitió legal y legítimamente.

-Más allá de su opinión –no sé si la comparten sus clientes– referida al Movimiento Campesino, éste apela a una intervención del gobierno provincial para que expropie el campo para cederlo a Ramona Orellano. Si ocurriera, ¿estarían dispuestos a vender?

GM: -En principio, creo que no habría ningún inconveniente. Si me pregunta si corresponde que la Provincia -para atender una cuestión conflictiva de propiedad privada- planteara una expropiación, me parecería una barbaridad. Yo no soy autoridad ni mucho menos. Si a eso lo resolviese la Legislatura, nadie puede escapar a la ley y todos la debemos cumplir. Me parecería una atrocidad jurídica porque no hay interés público ni muchísimo menos. Si la dictan, los señores Scaramuzza no pueden escapar a la ley. 

-Estarían obligados…

GM: -Por supuesto. 

-¿Y de buenos oficios?

GM: -Lo que pasa es que cuando se vuelven a introducir (en el campo) –no recuerdo cuándo– ya lo hacen con este movimiento campesino. Entonces, para apoyar su postura han desarrollado vacas, cabritos… No lo conozco, pero ahora parece un establecimiento modelo.

-Es un campo más de los que hay en el norte, con cría principalmente caprina. Ella contó que tenían vacas desde hace muchos años.

GM: -Habrá tenido una o dos vacas y un corral con cinco o seis cabritos, eso era todo. Están las actas y las fotos. Ha habido filmaciones de cuando se le tiró con máquinas, que me pareció una… Yo en aquel momento ni los conocía a los Scaramuzza, pero fue un procedimiento que dispuso la Justicia, cuando entraron con máquinas y tiraron todo. Está bien que era una vivienda precaria, pero tiraron todo justamente para evitar el ingreso.

-¿Ese día participaron los Scaramuzza? ¿Ellos iban a tomar posesión del campo en ese momento?

GM: -No, a la posesión ya la tenían. Era la tenencia. La señora tenía la tenencia precaria. 

- Pero no me queda claro quién le volteó la casa. Era una casa de material, ahí están los restos de una losa…

GM: -Eso fue un procedimiento con el juez de paz de aquel momento…

- ¿Pero a las máquinas que voltearon la casa las contrataron los hermanos Scaramuzza o no?

GM: -Sí, porque a los costos del procedimiento siempre los asume la parte. El problema era que ellos iban al campo, porque empezaron a trabajarlo, y cuando dejaban las máquinas a la tarde, a la noche les pinchaban las gomas con cuchillos y les metían arena en los tanques de nafta. Por eso se resolvió desalojarla. No porque la señora lo haya hecho, desconocemos quién.

- ¿Cuál podría ser una solución pacífica de esta historia?

GM: -Para nosotros el conflicto está terminado y liquidado. En su momento, se les ofrecieron un montón de cosas y, hoy por hoy, nuestros clientes pretenden disponer de su legal y legítima propiedad, porque a través de todos estos años los respaldan las sentencias. Esto de que la Justicia es una porquería, es falso. La falsedad está desde el inicio de esta trama: imagínese, se disponen a trabajar un campo y terminan perdiendo durante 20 años sin poderlo explotar y lo tiene un movimiento que utiliza a una persona, a la señora, para sostener con la fuerza lo que no podían con los hechos, ni la verdad, ni la ley. Eso muestran las sentencias en todo momento.

“EL ESTADO DEBE REPARAR UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS”

Hasta ahora el Poder Judicial les viene dando la razón a los hermanos Scaramuzza, pero Victoria Gauna, abogada del MCC y representante legal de Ramona, sostiene que la apelación al fallo de la jueza Mercado “va a estar fundamentada en que la Justicia no ha tenido en cuenta, en todos estos años, la prueba de la posesión del campo por parte de Ramona Orellano de Bustamante”. 

Para la letrada, el origen del conflicto es distinto: “A la fecha del fallecimiento del papá de Ramona (9 de marzo de 1956), estaba vigente la ley 14.367 que suprimió la discriminación pública, pero continuó la diferencia jurídica entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales hasta 1985, con la ley 23.264 que establece la igualdad de derechos. Ramona conoció esa situación posteriormente a la venta del inmueble (1984). Luego de semejante situación de indefensión, porque le han vendido su campo, consultó a un abogado que la embarcó en hacer una petición de herencia. En 1988, hizo las presentaciones iniciales y luego no continuó el trámite”.

“Cuando Ramona peticionó su herencia en 1988, existía una voluntad clara de pedirla, de ser declarada una heredera más con los mismos derechos, pero la inoperancia de sus abogados, o la connivencia de estos con los demandados, provocaron que todas las instancias se perdieran”, explica Gauna. 

Además, durante el proceso judicial “sistemáticamente se aplicó una ley que a las claras era inconstitucional, por vulnerar en modo flagrante el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Resulta aberrante que todos los jueces y juezas que han sido parte de las cinco causas judiciales y de dos violentos desalojos que tuvo que padecer Ramona, hayan fundamentado sus decisiones y, con ello, elegido violar derechos humanos con una ley derogada y en la tesitura de que siempre tuvo derecho de defensa”. 

-¿Es viable la posibilidad de una expropiación?

-Si se han violado derechos humanos, entendemos que una de las obligaciones del Estado es la reparación. En algunos casos, implica el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo o indemnizaciones. En este caso, el Estado podría recomponer esta sistemática vulneración del derecho de defensa, el de igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad, el derecho al desarrollo en su tierra e incluso su derecho de posesión y propiedad.

-El litigio judicial, ¿hasta dónde puede llegar?

-Si hace falta, tenemos intenciones de ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluye la letrada.