El inicio del conflicto, en parte, data del mes de marzo cuando docentes jujeños comenzaron a reclamar por sus salarios, los más bajos del país. Ante la falta de acuerdo salarial empezaron las protestas en las calles, a las que en las últimas dos semanas se sumaron otros gremios con sus demandas. En esta provincia, los y las trabajadoras de la educación que recién comienzan, cobran un salario básico de 35 mil pesos, cuando la Canasta Básica Familiar es de $203.361. 

A la vez, el gobernador Morales comenzó con un proceso de reforma constitucional, que abrió una profunda crisis institucional en todo Jujuy. Se trata de una modificación casi total de la Constitución provincial, en donde -puntualmente- dos artículos pusieron en alerta a la mayoría del pueblo. Uno plantea la prohibición de cortes y manifestaciones sociales, y el otro intenta modificar el uso de las tierras, facilitando el desalojo y despojo a comunidades que no se encuentren registradas o con títulos de propiedad. Es necesario aclarar que en Jujuy conviven al menos nueve naciones preexistentes al Estado y muchas se encuentran sin ningún tipo de validación “oficial” para defender sus tierras. Solo una cuestión básica y ancestral, su permanencia desde hace cientos de años en ese territorio. 

Imagen: Jujuy Dice.

A espaldas del pueblo: la reforma exprés y el estallido del Jujeñazo 

Morales elimina dos artículos del texto de la reforma para intentar disuadir las movilizaciones que se venían gestando en diferentes puntos de la provincia. La Convención Constituyente provincial aprobó “entre gallos y medianoche” la reforma. Algunos miembros renunciaron por la falta de transparencia del proceso. Mientras, el Ejecutivo presentó un decreto para limitar las protestas que estaban sucediendo. 

Ante esta situación, dos consideraciones de contexto: la primera es que la reforma fue aprobada en tiempo récord. El proceso debía durar 90 días y duró 3 semanas. Y la segunda, es que este proceso se realizó sin consenso social, es decir, sin generar canales de comunicación con la sociedad, sin participación de las comunidades indígenas, sin ningún referéndum popular o debate amplio en toda la sociedad.

Además, una de las principales preocupaciones de las comunidades indígenas, tiene que ver con la extracción de litio por parte de las empresas mineras, en las zonas que habitan. Este tipo de extractivismo, dejaría en pocos años, sin agua, sin tierra, y sin vida a sus comunidades.

Imagen: La Voz del Cerro Jujuy.

La represión

Inmediatamente después de la firma y jura de la reforma, el martes 20 de junio, en distintos puntos de la provincia hubo movilizaciones de rechazo. El gobierno jujeño desató durante cinco horas una brutal represión en diferentes localidades, con más intensidad en la capital. Las marchas fueron reprimidas con balas de goma, gases lacrimógenos, gomeras y piedras, que provocaron decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. También se denunciaron detenciones irregulares en camionetas sin patentes, policías infiltrados en movilizaciones actuando “de civiles”.

Imagen: Mariano Cícero - Jujuy

Daniel Oscar Chasqui, periodista de la radio comunitaria La Voz del Cerro de Jujuy en comunicación con La Ronda explicó que la situación se agrava porque “los detenidos son trasladados al penal de Alto Comedero, que es una cárcel, no una comisaría -donde deberían estar siendo trasladados- no son delincuentes, es un trato bastante difícil de entender, hay numerosos detenidos, la mayoría son mujeres, hay menores, personas con discapacidad. No se los podía liberar, los abogados no podían hacer a la gente salir de ahí porque pedían numerosos papeleos y condiciones, porque a la gente que está detenida allí no solamente se la detuvo en la marcha frente a la Legislatura, sino en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, sin poder comprobar porqué se las detenía, sólo por transitar o por pedir explicaciones de porque la policía andaba buscando gente en la calle”. 

La situación hoy

En el día de ayer se realizó la “Marcha de las antorchas” de trabajadores/as de la educación, manifestación a la que se sumó gran parte del pueblo jujeño. Esta vez, con consignas repudiando la represión de este fin de semana, continuando con el reclamo por los salarios y los derechos del pueblo declarando “Abajo la reforma, arriba el jujeñazo”. Daniel Oscar Chasqui manifestó que la situación estaba “un poco más tranquila” porque “el gobierno declaró asueto administrativo para el sector docente y también para trabajadores del estado”. Y aseguró que continuarán las movilizaciones, “porque la gente está preocupada por las personas que están detenidas y las heridas”. Desde anoche se sumaron a las protestas indígenas del Tercer Malón y trabajadores mineros, entre otros.

Imagen: @claudiacastrook para Mink’a Comunicación:

“Comenzar el año nuevo 5531 en un corte de ruta en Huacalera”.

Lugareños realizan el ritual sagrado “Inti Raymi” a veras de la Ruta. 

Las repercusiones

Movilizaciones nacionales. Durante estos días, pudimos ver por televisión y redes sociales numerosas escenas que nos recuerdan momentos oscuros de nuestra historia. Estas escenas provocaron el repudio de la sociedad y derivaron en movilizaciones en diferentes puntos del país. CTERA, las dos CTA y ATE por su parte convocaron a un paro nacional en apoyo a la lucha docente de Jujuy. En Córdoba adhirieron la UEPC y SADOP.

Internacionales. Varios organismos internacionales se expresaron a partir del estallido del conflicto, con la intención de velar por los Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su "preocupación" por las "detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos". 

Pidió "investigar todo indicio de violaciones" a los derechos humanos y le recalcó al gobernador Gerardo Morales que es "de suma importancia evitar una escalada de violencia".

En el mismo sentido la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos expresó en un comunicado: “La CIDH insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas". En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariales docentes y con la reforma constitucional provincial. La CIDH y sus Relatorías Especiales están a disposición del Estado para apoyar en estos procesos de diálogo en relación con los distintos mandatos involucrados. 

Fuentes: *TÉLAM Digital / Arg Medios / Centro de Estudios Legales y Sociales.

Imágenes: Leo Vaca / Mariano Cícero / Claudia Castro (Min’ka Comunicación) / Radio Comunitaria “La Voz del Cerro” Jujuy /