Tras dos años y medio de un ríspido debate del que participaron distintos actores, el Parlamento de Europeo aprobó el 26 de marzo una polémica reforma sobre derechos de autor.
Se trata de un cambio en las directivas sobre la regulación del denominado copyright en todo el territorio europeo: los países miembros tienen la autonomía para adaptar su legislación interna a su parecer pero cumpliendo los estándares impuestos por esta nueva directiva, para lo cual tienen tiempo hasta el 2021. El marco normativo vigente se había elaborado a comienzos de siglo, antes de la explosión de las redes sociales, las plataformas de contenidos y los sistemas de mensajería.
Del lado de los defensores de la norma, argumentan que este sistema evita que el grueso de la recaudación del dinero que generan los medios termine en dos compañías (Google y Facebook) que lucran como agregadores, ofreciendo visibilidad pero sin generar contenido propio y además lucrando por los ingresos publicitarios. También, que la normativa hace más transparente el camino de las regalías a los autores.
Por el lado opuesto, el principal argumento en contra es que con la nueva directiva Internet deja de ser una conversación (donde todos aportan y suben cosas) y pasa a ser un canal unidireccional, donde los únicos que pueden publicar contenido sin problemas son los grandes medios (que tienen los recursos tecnológicos y económicos, para afrentar los cambios o las multas). Wikipedia (la enciclopedia libre más conocida, con más de 48 millones de artículos en 300 idiomas todos ellos redactados por voluntarios), por ejemplo, puede ofrecer citas cortas a diversas obras, pero el texto es ambiguo y podría llevar a que estos filtros automáticos den de baja publicaciones que tienen sentido en una enciclopedia.
La Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital (http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-PROV(2019)0231_ES.pdf) tiene mas de treinta artículos, sin embargo los que más revuelo generaron fueron dos, el 11 y el 13, que luego de las discusiones parlamentarias y las enmiendas realizadas se transformaron en el 15 y el 17, respectivamente.
El primero define el pago de una licencia, que deben abonar los agregadores de contenido o quienes enlacen a una publicación de terceros; por eso Google ha amenazado con cerrar su sitio de noticias en Europa, como hizo en España; Facebook también tendría que pagar por republicar notas en su sitio; en principio, el enlazado simple (linkear a una nota, citar un fragmento muy corto) no requiere de pago alguno. Esto no afecta a sitios pequeños; sí a quienes tienen avisos como forma de solventar su servicio.
En lo que refiere al nuevo artículo 17, obliga a las plataformas de contenidos a analizar lo que suben los usuarios y verificar si ese contenido viola derechos de autor de terceros o no, previo a su publicación; las plataformas tendrán que velar porque el contenido que alojan no suponga violaciones de copyright. Es decir, servicios como Facebook, Twitter o Google pero también Wikipedia o GitHub tendrán que adoptar medidas y usar técnicas de reconocimiento de contenidos para bloquearlos directamente. Hasta la fecha, para que se diera la situación de borrar un vídeo debía existir una denuncia del poseedor de los derechos, pero no se monitorizaba la subida de este tipo de contenidos. Con esta nueva ley las grandes plataformas deberán monitorizar el contenido a escala masiva y detectar posibles infracciones.
Este requisito solo aplica a "grandes plataformas que alojen una cantidad significativa de contenido y que lo promuevan". Quedan por tanto fueras webs más pequeñas, aunque la línea entre un tipo y otra no está bien definida. YouTube considera que algo así es impracticable por el volumen de contenido que se sube a su plataforma a diario, y porque la tecnología necesaria para chequear esa violación no es todavía lo suficientemente sofisticada. Sí se admite cuando es una cita o una parodia, pero no está claro cómo se determinará que lo son.
Las consecuencias de esta ley para los creadores de contenido son impredecibles. La restricción de contenido protegido por derechos de autor podría cambiar radicalmente la parrilla de vídeos que se alojan actualmente en Youtube. Excepto blogs o contenido directamente grabado, todos los vídeos que utilizan material adicional como refuerzo deberían ser bloqueados.
Entre el contenido susceptible podemos encontrar gameplays, canciones o trozos de una película para ser comentada. Actualmente en Youtube hay miles de vídeos que utilizan este material como recurso sobre el que basar su opinión o trabajo, pero según la UE deberían bloquearse. Algo que para muchos creadores de contenido supondría prácticamente quedarse sin vídeos permitidos.
“Hay mucho uso de internet que tiene que ver con la parodia, la sátira, la crítica. Hay muchas formas en las cuales uno puede usar contenido protegido por derecho de autor. El filtro no sirve para ese tipo de casos. Es una medida excesiva y puede prohibir sin querer, por negligencia, muchos usos justos de los bienes culturales. Por más que la directiva hace una excepción y dice que no se va a afectar la parodia, la crítica, las enciclopedias on line o los memes, para poder hacer esa evaluación es necesario hacerla manualmente. El algoritmo no hace evaluaciones de contexto, el algoritmo baja cosas. Si bien hay un mecanismo para quejarse, la regla va a ser que se baje todo y después de la queja te lo vuelven a subir", sentenció Javier Pallero, activista por los derechos humanos en internet y líder regional en políticas públicas para América Latina en la ONG Access Now.