Facundo Molares Schoenfeld fue detenido el 7 de noviembre pasado en Trevelin, Chubut, por la Policía Federal, a partir de una orden de captura internacional formulada por la Justicia de Colombia. A pesar de que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desactivó las causas judiciales contra sus ex integrantes, lo acusan de haber participado en 2009 en el secuestro del concejal Armando Acuña del municipio de Garzón, quien fuera liberado luego de veinte meses cautivo.

Los cargos contra el militante de 46 años de edad son “secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniforme e insignias”. 

Tras la detención, Molares quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Esquel, a cargo de Guido Sebastián Otranto, quien resolverá en primera instancia el pedido de extradición de la Justicia de Colombia. Es el mismo juez que en 2017 inició la instrucción por la desaparición de Santiago Maldonado. Meses después, su hermano Sergio reclamó el apartamiento del magistrado porque “todo lo que hizo fue contra de la investigación”.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Argentina informó que previo a la detención de Molares realizaron “amplias tareas investigativas para dar con el paradero del buscado”, quien “se encontraba en nuestro país desde diciembre de 2020 y que se ocultaba en la localidad chubutense de Trevelín”. 

Así lo presentaron como supuesto fugitivo, cuando su familia vive en Trevelin, a pocos kilómetros de Esquel, donde su padre incluso ha sido juez de Paz. Él mismo se radicó ahí a su regreso de Bolivia, a donde había llegado como fotoperiodista en vísperas del golpe de Estado de noviembre de 2019. Detenido por la dictadura de Jeanine Áñez, estuvo más de un año preso en condiciones extremas, hasta luego del retorno democrático en el país vecino. Liberado el 2 de diciembre de 2020, Molares volvió a la Argentina donde mantuvo una vida social y política pública. 

A pesar de padecer diversos problemas de salud, el martes 9 el Servicio Penitenciario Federal dispuso su traslado desde la cárcel de esa ciudad al penal de máxima seguridad de Rawson, a más de 600 kilómetros de distancia, “conforme al delito que se le imputa, al perfil criminológico del mismo, y antecedentes de peligrosidad que presenta en la vida extramuros”.

La abogada defensora de Molares, María del Rosario Fernández, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, presentó un habeas corpus donde denunció el agravamiento de las condiciones de detención y reclama que se lo regrese al penal de Esquel, donde pueda estar en contacto con la familia y bajo cuidados médicos.

Al mismo tiempo, numerosas organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos y referentes de la cultura se pronunciaron y movilizaron contra la extradición y por su libertad. Además, denunciaron que “en Colombia no se respetan los derechos humanos y de concretarse su extradición sería casi una sentencia de muerte”.

Guillermo Zarrelli, militante del Movimiento Rebelión Popular, manifestó a La Ronda: “Desde su repatriación, Facundo siguió militando y construyendo el Movimiento. En agosto estuvimos participando del primer encuentro nacional del Movimiento Rebelión Popular, en el cual él fue electo secretario general. Casualmente, esta semana estaba visitando a su familia en la provincia de Chubut, y es ahí donde lo detienen. Facundo no estaba haciendo ninguna actividad ilegal en la Argentina, no estaba clandestino ni se estaba escondiendo. Al contrario, estaba haciendo política”.